¿Segmentación socio-territorial o fractura social? A propósito del documento de la Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) “Construyamos puentes de fraternidad en una sociedad fragmentada” del 14 de abril de 2018

Para alcanzar una comprensión lo más clara posible sobre este documento y sus repercusiones inmediatas es preciso considerar dos aspectos: primero el punto de partida, esto es el asunto que motiva el documento y que se constituye por lo tanto en su objeto; segundo, el tratamiento que sobre dicho asunto se realiza en el propio documento.

El objeto del documento

  1. Comencemos pues por el primer aspecto, la definición del objeto del documento. Este es señalado al inicio mismo: “la realidad de la fragmentación que vive nuestra sociedad, y que nos afecta como integrantes de la misma” (p.7). Ello es definido unos párrafos más adelante: “Es posible que muchos se pregunten hoy por qué a pesar de las mejoras de los últimos años en los indicadores económicos y del impulso dado a políticas redistributivas, que crearon las condiciones para disminuir el número de familias en situación de pobreza, aún subsisten sectores que no han podido acceder a niveles de vida digna. Nos inquieta que los más afectados continúan siendo los niños, que siga habiendo personas que viven en las calles. También nos cuestiona como país percibir muchos signos de deterioro del relacionamiento social, como el aumento de la violencia en diversos ámbitos: la familia, la educación, las calles, los espectáculos públicos.” (p.8).

Efectivamente, nuestro país ha logrado una reducción muy importante del porcentaje de hogares y personas en situación de pobreza e indigencia, así como de la desigualdad, medidas por ingreso, resultado inequívoco de las políticas públicas implementadas. Sin perjuicio de la magnitud de estos logros, y teniendo en cuenta que las condiciones sociales de vida no son solo una cuestión de ingresos, sino también de activos y oportunidades para realizar los mismos, no son pocas las familias que continúan viviendo en condiciones de pobreza, marcadas por carencias de distinto tipo (vivienda y hábitat, precaria inserción laboral, escaso nivel educativo, principalmente). Es en estos hogares donde nacen muchos de nuestras niñas y niños. Esta es una preocupación muy pertinente y felicitamos a la CEU por considerarla para motivar un documento específico al respecto.

El documento continúa afirmando: “La situación que hoy vivimos es fruto de procesos que, desde hace ya décadas, han venido transformando los principales ámbitos de generación de identidad e inserción social de las personas: el trabajo, las familias, los barrios, los centros educativos. Estos procesos se interrelacionan y se potencian entre sí y afectan de manera desigual a los sectores más vulnerables de la población. Inciden en las oportunidades de generar proyectos de vida sostenibles para todos y en la convivencia, generando distancias, brechas. Por esto muchos utilizan el término fragmentación o fractura social para hablar de esta realidad.” (p.8). En realidad, los términos habitualmente utilizados -tanto por las ciencias sociales como por actores sociales o políticos- son segmentación o fragmentación socio-territorial o socio-espacial aludiendo a procesos que generan ámbitos territoriales más homogéneos en su interior y más diferenciados entre ellos, aislándose, reduciéndose las áreas de la ciudad por las que transitan unos y otros (perdiéndose oportunidades de interacción) y aumentando aquellas en las que las personas se sienten extranjeras. La agudización de estos procesos afecta las dimensiones pública y privada de la vida social y debilita los sentimientos de ciudadanía en tanto se reducen las experiencias de compartir problemas, intereses, proyectos e iniciativas colectivas entre personas de condiciones socioeconómicas, educativas y culturales diferentes. Estos procesos están asociados a cambios en el mundo del trabajo, en el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, en la localización de las actividades productivas y comerciales, en las formas de la urbanización y del acondicionamiento urbano, en los mecanismos de acceso a la vivienda, en la calidad de los servicios públicos (justicia, seguridad, transporte, salud, educación). Así definida, la segmentación socio-territorial de la población es uno de los principales asuntos estratégicos[1] que el país debe encarar.

Si esa es la fragmentación social que preocupa a la CEU, nuevamente agradecemos y compartimos su señalamiento. Pero ¿lo es? Tanto el diseño de la tapa como el título y algunas afirmaciones incluidas en el texto aluden más a la idea de una fractura social de corte sociopolítico que a la consideración de los procesos de segmentación socio-territorial de la población. Por ejemplo, en las conclusiones del documento encontramos las siguientes expresiones: “las heridas y divisiones que han ido surgiendo entre nosotros” (p.29) y unas líneas más adelante la apelación a la “reconciliación nacional” y al “amor al enemigo” (p.30). Si el objeto del documento no fuera la consideración de la fragmentación “socio-territorial” de la población sino una “fractura social” del tipo de las que se han caracterizado en otras sociedades, el análisis debería aportar elementos sólidos para fundamentar tal cosa.

La manera de tratar la fragmentación social

  1. El segundo aspecto a considerar es el tratamiento que se realiza en el documento sobre la fragmentación social y que comprende el análisis de la realidad, los elementos de la fe cristiana que ayudan al discernimiento y las pautas para la acción.

2.1. En el análisis de la “fragmentación social” se abordan en el documento varias dimensiones: el trabajo, la familia, el desbalance generacional, el campo y la ciudad, el territorio, el acceso a servicios y el papel de la educación, y la convivencia ciudadana. El análisis es muy rico y es valiosa la incorporación de las distintas dimensiones. Entre ellas cabe destacar “el territorio” pues allí el documento aborda la fragmentación socio-territorial, con un incipiente abordaje de las interacciones entre el lugar de residencia y otros aspectos tales como el trabajo. Cabe preguntarse por qué esta sección no forma parte de la definición del objeto del documento, sino que es considerada tan solo como uno más de las dimensiones a tener en cuenta. Resulta un acierto del documento la inclusión de otras dimensiones en el análisis: el trabajo, la familia, el desbalance generacional, el acceso a servicios y el papel de la educación, la convivencia ciudadana, aunque falta una mayor profundización sobre la relación entre ellas y con el territorio. Asimismo, hubiera enriquecido el análisis la inclusión de otras dimensiones relevantes tales como la localización de las actividades productivas y comerciales, y las formas de urbanización y acondicionamiento urbano (la construcción de ciudad).

Una consideración especial merece la inclusión de la dimensión “El campo y la ciudad”, que presenta muy superficialmente una contradicción social entre estos dos ámbitos donde parecen combinarse visiones de un siglo atrás con las consignas de las recientes movilizaciones de los llamados autoconvocados. En todo caso sería más correcto aludir a las desiguales condiciones de vida entre quienes viven en Montevideo y los centros urbanos más importantes, particularmente los de la faja costera del Río de la Plata, y aquellos radicados en los pequeños pueblos y villas dispersos en el territorio nacional y, en muchos casos, muy distantes de los centros urbanos de mayor porte. Estas condiciones afectan muy especialmente a los adolescentes y jóvenes en cuanto a las posibilidades de acceso a la educación secundaria y terciaria, al empleo, a espacios de recreación y socialización. A la reducción de estas desigualdades se han volcado muy importantes esfuerzos de las políticas públicas nacionales.

Sin perjuicio de ello, no olvidemos algo que golpea los ojos y refrendan las estadísticas: los mayores contingentes de familias en situaciones de pobreza y vulnerabilidad a la pobreza están en la periferia metropolitana, así como las mayores desigualdades se verifican entre quienes viven en ellas y quienes residen en los barrios de la costa sureste metropolitana.

Llama la atención por su ausencia, la consideración de las relaciones sociales (económicas, culturales, sociales); de los actores sociales (no hay mención alguna a los trabajadores ni al movimiento sindical, al empresariado y sus organizaciones, y escasas referencias a las organizaciones de la sociedad civil); de las redes de narcotráfico; de las dinámicas económicas; así como de un destaque equilibrado tanto de los problemas que enfrentamos como de los logros alcanzados por la sociedad uruguaya.

Luego de expresar la preocupación por la pobreza, ya citada, se afirma “vivimos esta situación con un sentimiento de pérdida, de nostalgia por tiempos pasados” (p.8) ¿a qué situación en particular y a cuál tiempo pasado se refiere?

Los aportes para el discernimiento de los cristianos

2.2. En la segunda parte, el documento aporta algunos elementos para el discernimiento de los cristianos ante esta realidad. El documento se apoya aquí en textos bíblicos, del Antiguo y Nuevo Testamento, así como en elementos propios de nuestras tradiciones, destacando la prioridad por los más pobres, desfavorecidos y excluidos, por no discriminar ni segregar, por la igualdad, por vivir comunitariamente compartiendo de forma que no hubiera necesitados, por el amor a los demás. Resultan bien pertinentes estos elementos para comprender y reflexionar sobre las situaciones de pobreza y fragmentación socio-territorial aún imperantes en nuestra sociedad. A la vez, podrían haberse recogido, respecto de esta realidad, muchos aportes de los documentos del Concilio Vaticano II, de las Conferencias de los obispos latinoamericanos de Medellín (de la que estamos cumpliendo los 50 años), Puebla y Aparecida, entre otros, que hubieran enriquecido la reflexión de la comunidad. Asimismo, no existe en el documento la imprescindible identificación de las experiencias y manifestaciones realizadas por nuestra comunidad nacional que anticipan la utopía (los “signos de los tiempos”) y nos iluminan el caminar. Y vaya si las hay.

¿A qué tipo de acción se apunta?

2.3. En la tercera parte, el documento aporta elementos para la acción bajo el título “Tender puentes y construir fraternidad”. A la luz de los elementos para el discernimiento presentados en la segunda parte del propio documento de la CEU nos preguntamos respecto al título de esta sección: ¿Por qué “puentes” y no “integración social”? ¿Por qué “fraternidad” y no “solidaridad y comunidad”?  ¿Por qué se afirma mantener una “mirada positiva” y no una “mirada esperanzada”?

En esta parte se apela a la responsabilidad de todos, del Estado y de la Iglesia. Se apela a un cambio de actitudes individuales, más que a un cambio en las relaciones sociales. Se apela al Estado, a la “clase política” (y también a “técnicos y profesionales”, por cierto) (p.24). Sin embargo, no se convoca a responsabilidad a la clase empresarial, ni a aquellos que concentran una parte importante de la riqueza y del ingreso. Tampoco hay mención a los trabajadores y sus organizaciones, que en el PIT-CNT constituyen el principal movimiento social organizado del país. Asimismo, son mínimas las referencias a movimientos y expresiones organizadas de la sociedad civil. Tampoco hay una afirmación del sentido de la política como la construcción del bien común y la ética de servicio al prójimo, a la comunidad, como base y eje del accionar político. Llamativamente se reconoce el rol del Estado actuando conjuntamente con la sociedad civil organizada en la recuperación de “espacios públicos” pareciendo desconocerse la importancia que ha tenido en nuestra sociedad la participación de la sociedad civil organizada en la promoción y desarrollo del Plan CAIF y otros emprendimientos orientados a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, del cooperativismo y la economía social, entre otros, donde, además, la presencia de cristianos ha sido y es tan significativa. En un sentido similar, al inicio del documento se hace referencia al contacto con esta realidad por parte de “sacerdotes, diáconos, religiosos, catequistas y animadores” (p.7) y al final, al valorar “las experiencias que muchos cristianos, y en especial los más jóvenes, realizan y que los ponen en contacto con realidades sociales diversas” solo se mencionan “misiones, apostolados, etc.” (p.26). ¿Y los laicos insertos en el mundo, en el trabajo, la empresa, la familia, el barrio, el sindicato, el centro de estudios, el laboratorio, el deporte y la cultura, en los partidos políticos y en todos esos pequeños y a veces grandes ámbitos donde se desarrolla la vida?

Concordamos con que “tenemos que actuar sobre los procesos que generan exclusión, y no solo sobre sus efectos” (p.25). Esto solo puede hacerse transformando esos procesos sociales. Al respecto, en el mencionado documento de la Izquierda Cristiana “Políticas públicas para profundizar los cambios” de diciembre de 2017 se propone un conjunto de acciones en cinco ejes de política pública, uno de los cuales titulado “Construyendo una sociedad inclusiva”. Allí se formulan lineamientos para abordar los desafíos de: erradicar la pobreza, reducir la segmentación socio-territorial, articular la política de vivienda con las políticas urbano-territoriales orientadas a la integración social y fortalecer la provisión de bienes y servicios públicos universales de calidad. Ponemos esos aportes al servicio de la definición de las prioridades nacionales de cara al futuro. Y lo hacemos con esperanza y compromiso, conscientes de la existencia de experiencias y realizaciones actuales que anticipan una sociedad nueva fundamentada en el bien común, la democracia y la valoración de la dignidad humana.

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* Pablo Martínez es economista, ya ha escrito sobre esta problemática de la segmentación socio-territorial en Carta Obsur (“La segmentación social de impronta socio-territorial”, n.15: https://www.obsur.org.uy/wp-content/uploads/2015/09/Revista-Nro-15-agosto-2012.pdf). Es también Presidente del “Instituto Juan Pablo Terra”. Este artículo fue publicado en la web el 2 de mayo pasado, en la página de UYPRESS. Agradecemos al autor que nos permite publicarlo. Los subtítulos son obra de nuestra publicación.

[1] Entendiendo por asuntos estratégicos aquellos considerados significativos y relevantes por algunas de las siguientes razones: son decisivos para definir el futuro a mediano plazo de la sociedad; pueden evolucionar de distinta forma según la visión de desarrollo que se adopte; el Estado y la Sociedad tienen la posibilidad de actuar sobre ellos con razonable impacto; y los costos de no actuar pueden ser gravosos para el futuro del País y sus habitantes.



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