Introducción
Hay momentos históricos donde el tiempo se acelera y lo cuantitativo pasa a ser cualitativo.
Trágicamente, la mayoría de esos momentos se dan en contextos difíciles. En las crisis,los paradigmas que van demostrando su insuficiencia eclosionan y emergen nuevas condiciones; así puede que se agudice lo peor de los paradigmas o que se abra paso a mejores síntesis que den cuenta de lo no visibilizado, lo excluido, lo no asumido.
La crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus no solo muestra impactos sanitarios y la insuficiencia de los sistemas de salud, sino también la jerarquización de la moral de la ganancia económica y las lógicas del mercado por encima de la ética de la vida. Se visibilizan con más claridad las desigualdades económicas, las exclusiones y vulnerabilidades sociales, así como los efectos psico-sociales y las condiciones para amortiguar (o no) estos impactos.
Esta pandemia ha situado en la vulnerabilidad de la vida y la muerte a todas las personas, independientemente de su condición; sin embargo, no todas las personas, colectivos y pueblos están en las mismas condiciones de acumulación, capacidades desarrolladas o acceso a servicios, ingresos e infraestructuras.
Hoy vemos en Uruguay la pérdida del poder de compra de trabajadores, pero sobre todo en la economía de la informalidad(quienes se encuentran fuera del sistema de seguridad y protección social). Varios colectivos sociales, entre los cuales están los feriantes, vendedores ambulantes, artesanos, artistas y múltiples actividades que no tienen salarios fijos, reclaman el apoyo del Estado. Solicitan subsidios para resolver sus necesidades básicas y las de sus familias. Demandan el “derecho a la subsistencia y ciudadanía económica”, independientemente del empleo que tengan o no, independientemente de otros derechos sociales que puedan estar garantizados. Por otra parte, miles de trabajadores que fueron enviados al seguro de paro y otros tantos que han sido despedidos se sumarán a los que ya tienen enormes dificultades para subsistir perdiendo calidad de vida y condiciones de vida digna. A la vez, se generan múltiples respuestas solidarias de organizaciones de la sociedad.
Es en este contexto que resurge la propuesta de consolidar una “Renta Básica Universal Incondicional” a todas las personas en la sociedad, que posibilitaría la sobrevivencia económica de aquellos que se encuentran en una mayor desigualdad, exclusión, pobreza o inestabilidad de ingresos. Esta propuesta se vuelve a poner sobre la mesa como parte de la necesaria reestructura de los Estados de Bienestar y con la intención de aportar nuevos instrumentos que contribuyan a la superación de la pobreza y las desigualdades de la base de la pirámide social. [1]
Actualmente en Uruguay, distintos actores sociales, como la Intersocial y la Central Sindical plantean una Renta Básica de Emergencia, mientras que el gobierno da respuesta con el reforzamiento de mínimos sociales, considerados insuficientes por la oposición. Varias propuestas desde la Universidad de la República apuntan a instrumentos más ligados a lo estructural y la distribución de la riqueza. A fines de marzo de 2020, se realizó un pronunciamiento por parte de la Red de Renta Básica Universal de la UdelaR que apunta no solo a lo inmediato, sino al mediano y largo plazo.
Las respuestas a las crisis de principios de siglo XXI instalaron mecanismos de universalización de la asignación familiar, a la que se accede no por empleo sino por tener hijos y por debajo de determinados ingresos; se consolidaron las transferencias condicionadas ligadas a la salud y la educación; se aumentaron los salarios mínimos y se buscó sacar de la economía informal a la mayor cantidad de personas. Uruguay pasó en el año 2004 de un 56% de informalidad al 25 % en el año 2019, siendo uno de los países de la región con mayor regularización laboral vinculando la seguridad y la protección social.
En el mundo, desde los años 90 la idea de impulsar una Renta Básica Universal incondicional formó parte de un movimiento que veía la posibilidad de entrar en una nueva fase del Estado de Bienestar. Este movimiento con una fuerte presencia en movimientos sociales y sectores populares ha tenido experiencias fragmentadas, forman parte de la misma oleada de movimientos que lucha por la equidad y diversidad. Muchos de esos reclamos encontraron respuestas en los gobiernos progresistas que en América Latina instalaron como estrategias de desarrollo la búsqueda del pleno empleo y transferencias condicionadas. Todos estos esfuerzos estaban avalados y financiados por organismos internacionales y reformas impositivas. No obstante, junto a ciertas conquistas y logros de derechos en las dos últimas décadas de este siglo, también se profundizaron en el mundo las desigualdades por ejemplo la acumulación desmedida de la riqueza en el 1% de la humanidad, aspecto que analizan economistas de referencia tales como el francés Piketty, los norteamericanos Stiglitz o Krugman e incluso centros latinoamericanos de investigación y la CEPAL aportan en la misma línea. Los gobiernos progresistas en el continente fueron desmoronándose uno a uno.
Asimismo, las transformaciones tecnológicas, la crisis climática, la creciente movilidad humana y el deterioro de los derechos humanos en lo institucional se añaden al hecho de que se está pasando a un nuevo sistema laboral, de comunicaciones y de impacto de las tecnologías de la informática, la robótica, la nano y biotecnología, que cambiará las formas de convivencia humana en pocos años.
El capitalismo se ha venido reformulando y cambiando el centro geopolítico de occidente hacia oriente y se resquebrajan los pactos post segunda guerra mundial y post caída del socialismo real.
Los debates internacionales en torno a cómo distribuir la riqueza, cómo cambiar el paradigma de producción y en relación al ambiente, junto a las advertencias de la pérdida de control de nuevos procesos tecnológicos y manipulación de las sociedades por las redes a través de la acumulación de datos y el manejo de los algoritmos que refuerzan control social, de mercado y de autoritarismo, muestran el contexto en el que nos encontramos, agudizado en algunas dimensiones hoy por la crisis de la pandemia.
En ese contexto, la voz profética del Papa Francisco resuena más allá de las paredes de los templos, los clericalismos ritualistas y las espiritualidades que niegan en la práctica la corporeidad y materialidad humana (muchos se olvidan que hay múltiples formas de negar la Encarnación, aunque aparezcan como muy sagradas y parte de la tradición). Con las Encíclicas Evangelli Gaudium y Laudato Si, con la interpelación a la acumulación de riqueza, a la locura de la inversión en armamento, con la visibilización y la conciencia sobre la situación de los pobres, migrantes, ancianos y descartados, entre otros Francisco ha dado, también, mucho contenido a estos posicionamientos. A esto hay que añadir su mirada sobre el rol de la mujer, la importancia de la naturaleza, los pueblos originarios, la Amazonia, y en estos días su mensaje a los movimientos populares en el que reivindica un Salario Universal para los sectores de la economía informal.
Todas las propuestas tienen en común la búsqueda de respuestas para resolver los mínimos sociales que permitan dar sostenibilidad a las personas y sectores que quedan sin ingresos. Van desde perspectivas compensatorias, transitorias, focalizadas, a visiones más universalistas y consolidadoras de ciudadanía integral.
Los fundamentos teóricos sobre una posible Renta Básica Universal aluden tanto al alcance de la concepción de libertad e igualdad en la sociedad actual, como al desafío de asumir la efectivización de los Derechos Económico, Sociales, Culturales y Ambientales que completan la dimensión de los derechos individuales y políticos en sociedades democráticas. Asimismo tiene dos condicionalidades a tener en cuenta: una que refiere a las transformaciones en el mundo del trabajo y otra a la integralidad de los sistemas de protección social y cómo se complementan los instrumentos que permiten la sustentabilidad de la vida de todas las personas en sociedad. El factor económico dependerá no solo de los recursos y su viabilidad, sino de la economía política que sustenta los mecanismos de distribución y atribución de lo que las sociedades aceptan como criterios de justicia, entre lo que genera la sociedad como colectivo y lo que generan los individuos en su singularidad.
Argumentos e interrogantes
Emerge el tema de la RBU desde distintas ideologías y propuestas políticas ante los cambios que se producen a partir de las transformaciones, no solo del mundo del trabajo, sino también de las formas de la generación y acumulación del capital. ¿Cómo superar las desigualdades que implica la sostenibilidad de la vida como sujetos autónomos? Se plantean desafíos éticos, sociales, políticos y económicos como un derecho humano. Hacia el reino de la libertad, es necesario ampliar la autonomía de las personas en igualdad de derechos, y considerar el capital como fruto del trabajo de la sociedad y no solo del empleo de los individuos. La discusión que origina la propuesta de RBU hoy está ligada a los conceptos de cómo comprendemos la “libertad real de las personas” y de cómo se distribuye el capital acumulado por la humanidad, lo que posibilitaría desarrollo e innovación social y cultural de personas y sociedades de forma más equitativa que la actual.
La base y punto de partida de esta cuestión está en la redistribución del sistema, en la reorientación del concepto de trabajo. “No es añadir gasto sino cambiarlo” dice el inglés Guy Standing.[2] No se trata de acabar con las políticas sociales, tan necesarias para determinados colectivos sino de “reorientar el concepto de trabajo y de tiempo”. Esto implica estimular, transformar la forma de cómo se debe redistribuir el tiempo y reorientarnos para poder desarrollar diferentes actividades a favor de la liberad de las personas y el desarrollo de la sociedad. Asimismo, involucra un cambio cultural y reformulación de paradigmas en objetivos políticos y ciudadanos respecto a la cosmovisión de bienestar.
Las preguntas que emergen, no solo por la crisis, sino para la lucha de la igualdad social y su acrecentamiento para una convivencia democrática plena, son: ¿hay que reconocer y garantizar a todo el mundo una renta básica por el hecho de existir junto a otros derechos sociales y en la proporcionalidad de la riqueza que se genera en una sociedad? ¿Es parte de la concepción de Estado Social y un nuevo pilar de Protección Social para garantizar Derechos Humanos?
Los Estados Sociales han estado basados en un pacto por el cuál la Seguridad Social (licencias, jubilaciones, seguros de enfermedad, asignaciones, pensiones) y la Protección Social (salud, educación, vivienda) compensan las desigualdades del mercado y distribuyen parte de riqueza por impuestos y retribuciones, a través no solo por salarios, sino por seguros y derechos sociales.
Es así que en el caso de Uruguay tenemos un siglo de construcción de Estado Social que se deterioró en la mitad del siglo XX y fue recuperado en las décadas pasadas, luego de la crisis de principios de siglo XXI. Esta recuperación no solo trajo como resultado universalizar las asignaciones familiares no vinculadas al empleo sino al tener hija/os y bajos ingresos, recuperar la negociación colectiva, universalizar el acceso a la salud (FONASA), fortalecer las redes de primera infancia, regularización de sectores como las trabajadoras domésticas o peones rurales, el reconocimiento a la diversidad y colectivos vulnerados, sino que creo el cuarto pilar de la protección social que es el Sistema de Cuidados.
Este cuarto pilar de la protección social mostró qué si son fundamentales los derechos al acceso a la salud y la educación gratuita, la diversidad de mecanismos de acceso a la vivienda, era necesario asumir la inequidad y no reconocimiento de quienes cuidaban a niña/os, ancianos, personas en discapacidad o enfermedad. Se constató que los cuidados son un trabajo no remunerado ejercido básicamente por las mujeres, una doble explotación y demanda de reconocimiento de un derecho no garantizado. Visibilizar que son las mujeres quienes más realizan tareas de cuidado reclama un cambio cultural en el que debemos involucrarnos los varones. Asimismo, reconocer que los cuidados la casa son trabajo, aunque no era empleo, permitió asumir desde el factor cultural, social como económico. Elevar a derecho los cuidados, consolidó el cuarto pilar de la Protección Social.
Actualmente, nos encontramos ante la demanda de reconocimiento de un quinto pilar de la Protección Social que es asumir la dimensión de la subsistencia por ingresos independientemente del empleo.
El derecho a un ingreso básico, es decir no medio o alto (que se obtendrían por empleo, desarrollo de capacidades o iniciativas), garantizaría una dimensión de la viabilidad de ser persona en una sociedad. El derecho al acceso gratuito a la salud a lo educación, los créditos y subvenciones para la vivienda o el sistema no resuelven la indefensión en la que queda una persona por no tener ingresos.
Antecedentes y dilemas de la emancipación en el siglo XXI
La Renta Básica, mínimo de subsistencia social o ingreso ciudadano, se puede rastrear en la historia de la filosofía desde el mundo griego, en varias tradiciones culturales y religiosas. Desde el siglo XIX, con el surgimiento de un Estado Social ha tenido diversas versiones y el siglo XXI tiene desafío de su concreción como un acrecentamiento del derecho a la libertad real de todas las personas en el hábitat. Este planteo encuentra inspiraciones, por ejemplo, en Pericles, San Tomás Moro, Thomas Paine, y varias corrientes que demandan reconocer la condición de la dignidad de las personas en lo social y económico como ejercicio político.
Si la igualdad de resultados y de oportunidad son insuficientes, una por limitar la iniciativa de los individuos, la otra por no dar las posibilidades para valerse de las oportunidades, desde el planteo de Van Parijs la justicia exige la igualación de oportunidades en el punto de partida. A esto sumemos el argumento del economista John Roemer[3] sobre la segunda varianza del concepto de igualdad de oportunidades.[4] La equidad de las relaciones que las personas establezcan entre sí, depende, al menos en parte, de cuán simétricas son sus posiciones iniciales.
Qué es la Renta Básica Universal
El origen de la propuesta es de los belgas Philippe Van Parijs y Y. Vanderborght en “Una Vía Capitalista al Comunismo” (1988). En este texto, dichos autores plantean que el tema de un subsidio o renta básica universal debe ser económicamente viable y éticamente deseable. Para ello se deben dar las condiciones políticas que la efectivicen y establecer los fundamentos económicos y filosóficos que son condición necesaria pero no suficiente para su realización.[5]
Es Una Renta en cuanto transferencia en efectivo del Estado a las personas, Básica porque implica el mínimo promedio de una sociedad para la sobrevivencia y debe ir aumentado según la capacidad de distribución que el pacto social permita. Es Universal porque es para todas las personas, deducible del sistema de ingresos e impuestos. Es Incondicional porque no se liga a ninguna actividad sino al solo reconocimiento de ser persona en una sociedad. Para la Red del BIEN (que nuclea a nivel global la propuesta de RBU) sería una Renta de Ciudadanía por el derecho a la existencia.
La Renta Básica Universal e Incondicional viene a responder a esa dimensión en un triple sentido: fortalecer autonomía para la libertad real de las personas, reconocer derecho humano a lo económico, y garantizar ingresos básicos permanentes. Un Estado Social de Derechos debe garantizar ingresos “básicos” para la sobrevivencia, como complemento a otros derechos sociales (puesto que hay visiones liberales que lo quieren instalar sin Estado Social de Derechos sino como transferencia con la que resolver las demás necesidades)
Desde una perspectiva republicana y democrática es asumir otra dimensión no reconocida respecto a los derechos de igualdad para posibilitar libertad real y no solo formal de las personas. Un derecho de ciudadanía a la existencia no puede quedar confinado a los limites nacionales, por lo que ciudadanía no alude a ser parte de una nación sino de la humanidad.
Impacto de las transformaciones actuales
Ante las transformaciones actuales que avizoran la cuarta revolución industrial, con acumulación desigual, es necesario el acrecentamiento de derechos. La creciente desigualdad global, con límites del crecimiento, la distribución y la inviabilidad del pleno empleo exige desarrollar la libertad real como posibilidades, iniciativa y oportunidades en el siglo XXI. Partir del concepto de “Piso de Protección Social” (OIT, 2011) desarrollado sobre la base de las experiencias recientes de ampliación de la protección, incluye las garantías de más seguridad básica de los ingresos, mediante diversas formas de transferencias sociales (en efectivo o en especie), tales como pensiones para las personas mayores o para las personas con discapacidad, prestaciones por hijos/as a cargo, apoyo a los ingresos y/o garantías y servicios relativos al empleo para las personas desempleadas y trabajadores/as pobres.
En el conflicto entre capital y trabajo, según la Encíclica Laborem Exercens (LE) del Papa Juan Pablo II (1981), retomado en su n.12 plantea que si el trabajo y el capital son puestos sobre el mismo plano, o sea como medios o instrumentos dirigidos a la producción, la tensión entre los dos polos resultará inevitable, alimentando así sólo una relación conflictiva de fuerzas. Entonces es necesario, según la LE, restituir y resaltar lo que es definido como la “subjetividad del trabajo”.
Concediendo prioridad a la persona, a la persona que trabaja, el eje de la perspectiva cambia: ahora si la persona es el fin, todo lo demás puede ser considerado sólo instrumento, de modo que también el capital es teóricamente reabsorbido por el trabajo, desde él toma significado y valor, un valor que no puede sino ser funcional. Es desde la funcionalidad del capital y la centralidad del trabajo como acción de vida, más allá del empleo, que la jerarquización de la dignidad de la persona humana no puede quedar sumida a la funcionalidad del capital, sino al reconocimiento de los derechos como humano.
Es desde ahí que rescatar el concepto trabajo como acción humana que no se agota en empleo puede ser integrado a una concepción humanizante de la emancipación humana, como también plantea Marx, lo que reclama de ser liberado el sujeto humano de la alienación primaria que le impide tomar decisión sobe su accionar. En tal sentido la RBU emerge como un instrumento para posibilitar la capacidad de emancipación humana.
Renta Básica Universal en debate
Ante las transformaciones actuales, la acumulación desigual y la necesidad del acrecentamiento de derechos, es necesario repensar las formas del poder y concentración de ingresos para lograr igualdad social. Sobre todo de posibilitar autonomía de las personas como libertad real. Con la creciente desigualdad global, los límites del crecimiento, la distribución y la inviabilidad del pleno empleo, es imperioso desarrollar la libertad real como posibilidades, iniciativa y oportunidades en el siglo XXI. Se requiere distinguir entre empleo y trabajo. La categoría trabajo debe entenderse como acción humana que va más allá de la remuneración y dependencia. La innovación y la creatividad están más ligadas a la posibilitad de la libertad y del trabajo en un sentido amplio que al empleo y al disciplinamiento.
La sostenibilidad de las democracias depende del acrecentamiento de la libertad real en igualdad. En este contexto, una perspectiva republicana que argumenta una renta básica de ciudadanía podría ser una forma capaz de consolidar el alcance del objetivo igualitario de la libertad en sociedades de mercado. En tal sentido «la implantación de una Renta Básica, garantizada constitucionalmente, proveería de un derecho de existencia que aumentaría el alcance y la intensidad de la libertad como no-dominación»[6].
La RBU es una condicionalidad para la realización plena de las personas en la sociedad. De la misma forma que se asumió la ciudadanía política para todas las personas en una sociedad, llegará el momento de reconocer y garantizar la ciudadanía económica básica a todas personas que viven en una sociedad. Ello supondrá ampliar Democracia como igualdad y libertad real.
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Sobre el autor: Licenciado en Filosofía, Diploma de Ciencia Política y de Efectividad para el Desarrollo. Docente Universitario Integrante de Cristianos en Red y de la Directiva de OBSUR
[1]Villarreal, N. (2019) “Pensando el desarrollo equitativo para el siglo XXI Renta Básica Universal un Derecho Humano más” en libro colectivo Renta Básica Universal, UdelaR, diciembre 2019
[2] ver https://www.eldiario.es/cultura/libros/Guy-Standing-ponerme-pellejo_0_335966566.html
[3] Roemer, J, (2000) “Variantes de la igualdad de oportunidades”, pp. 151-171
[4]Villarreal, N. (2017) “Derechos, Libertad Real y Desarrollo (bienestar) Desde Filosofía Política y enfoque de DDHH para sostenibilidad de Democracias” – mesas temáticas Reflexiones sobre una Renta Básica Universal – Instrumento de desarrollo equitativo para sociedades del siglo XXI” Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe CEPAL, Montevideo,
[5]Villarreal, N. (2019)
[6]Raventós, D., (2005) «Propiedad, libertad republicana y Renta Básica de Ciudadanía», Polis, Revista de la Universidad Bolivariana de Chile, Vol. 3, n.°10